El control de cambios no es un principio

Un proceso de transición socialista supone que progresivamente se van apuntalando formas de funcionamiento de la economía en las que prevalece el interés social. El desarrollo de un modelo de economía mixta apunta en esa dirección. Esto significa que se crea un esquema de convivencia entre un sector privado dinámico y un amplio sector público, estatal y comunal. Del mismo modo, se refuerzan las regulaciones del mercado, se programa la asignación de recursos y se procura una redistribución equitativa de la riqueza creada.
Tal como lo señala Carlos Rafael Silva, en Venezuela, por su condición petrolera, desde 1940 hasta 1976 se impuso un régimen de cambio diferencial, política que de manera más abierta se aplicó desde 1983 hasta 1999. Dice Silva que inicialmente, cuando se fundo el Banco Central de Venezuela en 1940, este mecanismo fue implementado por sugerencia de Herman Max, “economista alemán contratado para realizar algunos estudios relacionados con la organización del Instituto recién creado. Max compartió la tesis de que Venezuela no tenía una economía homogénea (…) y juzgó que la política monetaria y cambiaria para ambos sectores –petrolero y agropecuario– no podía ser la misma, razón por la cual recomendó el establecimiento de un régimen de cambios diferenciales, que siguiera patrones similares a otros ya aplicados en Europa».
Como puede verse, las políticas de controles cambiarios no son un principio intrínseco de la transición socialista y, obviamente, pueden ser instrumentadas de diferentes modalidades, unas más rígidas y otras más flexibles, tales como las fórmulas de cambio múltiple, fijo o paralelo. Ya que en el interés social está la ampliación del consumo de los sectores populares y el crecimiento del aparato productivo para generar más riquezas, la política cambiaria debe servir a estos fines.
El control de cambio sirve para proteger las reservas internacionales y para impedir un crecimiento excesivo de los precios de los bienes de consumo y de los servicios. Presenta como problemas que restringe la actividad económica por las deficiencias burocráticas y, por lo general, genera corrupción.
Una apertura absoluta del mercado llevaría a una fuga absoluta de divisas, perjudicaría el consumo popular y restaría inversiones en el aparato productivo. Pero un control exagerado tiene también el mismo efecto negativo y puede generar inflación y escasez. Es lo que ha venido ocurriendo desde que se eliminó el dólar permuta sin crear un sustituto viable y eficaz.
En este sentido, las pugnas internas en el gabinete económico han generado un grave problema. Y las zancadillas han hecho trastabillar al Sicad. Por el momento, ni existe un control rígido ni se ha adoptado plenamente una modalidad práctica flexible, de cambios múltiples o de mercado paralelo. A esta indefinición se le añaden la elevadísima deficiencia gerencial, que impide la verificación eficaz, y la corrupción, que se ampara en las solidaridades automáticas.