Han concluido las audiencias y se espera por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del profesor Allan R. Brewer, uno de los juristas de mayor renombre en el campo de Derecho público en Occidente, quien fuera constituyente,ministro de Estado durante la Venezuela pre-revolucionaria, y formador de legiones de abogados constitucionalistas y administrativistas a lo largo de más de 50 años. El Estado lo ha perseguido con saña de Caínes, pues le endosa una responsabilidad que no tiene y por un hecho falaz construido en la imaginación colectiva por adversarios políticos y también académicos. Le atribuyen haber redactado el decreto por el cual el empresario Pedro Carmona asume la Jefatura del Estado y disuelve los poderes públicos, una vez como el hoy fallecido presidente y Teniente Coronel Hugo Chávez Frías acepta renunciar – lo que luego niega – a pedido de sus compañeros armas y con motivo de la masacre ocurrida el 11 de abril de 2002 en las cercanías del Palacio de Miraflores.
A buen seguro que la Corte de San José, en una decisión que será histórica, no desandará o aclarará las realidades de ese hecho crucial, que parte en dos la historia de los venezolanos. La revolución que se instala a partir de 1999 bajo el signo de lo bolivariano cuida sus modales democráticos mientras de modo encubierto – bajo la asesoría de Fidel Castro, quien en 1959 rechaza ser comunista – avanza hacia los predios del socialismo marxista; pero luego, sobre los sucesos de ese 11 de abril, cuya verdad rechaza ventilar Chávez a pesar de un pedido expreso de la OEA y el Centro Carter – hubo un centenar de víctimas de balas, 20 de las cuales fallecieron – y ya ocurrido el referendo revocatorio que logra sortear en 2004 con apoyo del mismo Castro, deja al desnudo su derivatotalitaria. Anuncia, en La Nueva Etapa: El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución, su abierto avance hacia un Estado comunal réplica del sistema constitucional cubano y contrario a la Constitución que tuvo como uno de sus firmantes al profesorBrewer.
La sentencia que se espera hará constar, seguramente, lo que le compete decir a la Corte: que aBrewer se le han negado sus derechos a las garantías judiciales y a una tutela judicial efectiva, dada la ausencia real de separación e independencia de poderes en Venezuela. Su Justicia “provisoria”, en efecto, es sirviente de la revolución y su Ministerio Público el cómplice necesario. Ha sido ha sido desde el comienzo.
Pero la cuestión que otra vez queda sobre el tapete de la opinión, ahora internacional, va más allá del casoBrewer, a quien Carmona consulta en la madrugada del 12 de abril sobre cómo proceder constitucionalmente al manejo de la transición que le encomiendan los militares y plantea el anuncio por éstos ante el país de la renuncia del Presidente Chávez. El ministro de la defensa y más tarde del Interior, hoy embajador del régimen, Lucas Rincón, es el vocero del renunciante. Pero se trata de una consulta que el académico atiende pero no acoge su interesado, quien al final opta por el decreto que le sugieren y mandan a redactar los propios militares en la circunstancia, que lee el abogado Daniel Romero.
Lo esencial, a todo evento, no es si hubo o no un decreto y quien lo redactó u opinó sobre el mismo, pues al fin y al cabo, su autoría final es de quien lo firma, y sólo pudo darse sobre una circunstancia de neta factura castrense, que el propio Carmona explica en sus memorias al librar de todo compromiso al profesor Brewer.
Lo vertebral queda aún pendiente y se resume en auscultar el móvil y los hechos eficaces que crearon el riesgo, dieron al traste con el hilo constitucional venezolano, y que el Tribunal Supremo de Justicia – dada la ausencia para ello del uso de las armas – prefierecalificar posteriormente como vacío de poder; en sentencia que adopta la mayoría de su plenario, protesta Chávez, y le cuesta su destitución al magistrado ponente.
Dos datos son notorios y tienen como testigos a sus autores. Uno, el citado General Rincón es quien se dirige al país y le anuncia que el Alto Militar solicitó del presidente su renuncia y “éste acetó” (sic). Y otro, quizá el más importanteantecedente, es que en los días previos al 11 de abril, Julián Isaías Rodríguez Díaz, ex Vicepresidente del mismo Chávez y para entonces cabeza del Ministerio Público, es llamado por éste para preguntarle si está dispuesto a acompañarlo en la ejecución de las acciones que tiene previstas para la fecha a fin de reprimir a sus opositores, de las cuales se desprende la hoy llamada Masacre de Miraflores.
Hace pocas horas, paradójicamente, acude a la audiencia de Costa Rica el ahora embajador Rodríguez Díaz quien vive distante en la Roma de los Césares, y afirma que sí acusó al profesorBrewer como autor del decreto del 11 de abril con apoyo en un “cuento”, sobre una denuncia que presenta un Coronel Bellorín quien también declara a la sazón y manifiesta que la presentó ante el Fiscal Rodríguez sin señalar a Brewer; pero con el deliberado propósito, eso sí, de involucrar a civiles en unos hechos graves que comprometían el quehacer de los militares.
El caso Brewer, en suma, recuerda a las víctimas inocentes que caen a manos de criminales venidos desde La Habana –esose comenta – y de militantes activos de la revolución, quienes quedan registrados por las cámaras de televisión y son perdonados por jueces al servicio de Julián Isaías, llamado El Profeta.
