Es muy difícil determinar en qué medida la grave situación que afrontan los periódicos, especialmente los del interior del país (la franja de territorio más castigada por un Gobierno centralista incluso a la hora de administrar los efectos geográficos de sus desastres), se debe al persistente acoso que han de padecer los medios de comunicación social no sumisos ante el poder; o, en su defecto, a la crasa e irremediable negligencia oficial.
Lo más probable es que, vistos los antecedentes, abundantes y funestos, se trate de una suma de ambos factores. Desquiciante mezcla, sin duda. Un Estado interventor, paquidérmico, movido por su delirante vocación totalitaria, se atosiga de un inabarcable cúmulo de controles que han acabado por incapacitarlo. Pese a ello, cada día que pasa pretende abarcar más. Y si el pronosticado colapso arrastra en su deslave a los molestos «enemigos» de la prensa, para qué mover un solo dedo. Mejor así. La crisis, está claro, se acomoda a sus intereses.
El Gobierno dicta cada prioridad de la vida nacional, y si dejó a los hospitales sin gasa, a los supermercados sin harina ni papel higiénico, y a las farmacias sin medicinas perentorias, ¿qué podía esperarse de los insumos indispensables para editar periódicos, revistas y libros?
Cinco pequeños diarios de la provincia se han visto forzados, por estos días, a interrumpir su circulación. Otros han apelado al doloroso recurso de recortar su tiraje o el número de sus páginas. Al zarpazo del cierre por vía de la no renovación de la concesión por parte de Conatel, al acoso del Seniat, a la persecución judicial, la criminalización de la denuncia, las multas, la inflación, la creciente lista de impuestos confiscatorios, las secuelas de la legislación laboral, la dramática contracción del abanico de anunciantes, y al sospechoso cambio de dueños en algunos medios, tanto televisivos como impresos, se agregan las innúmeras trabas, retrasos burocráticos, excusas, postergaciones, desplantes, en una palabra, al indecoroso ruleteo que es preciso sortear al tocar las puertas de Cadivi, con miras a la asignación de divisas para la adquisición, en el exterior, de insumos sin los cuales no es posible elaborar este ejemplar que usted sostiene en sus manos: papel, tinta, planchas de impresión, repuestos de las máquinas.
El papel glasé, o satinado, que usan las revistas, se tornó prohibitivo. Una verdadera extravagancia en el seno de un país sumido en semejante espectro de violencia, así como de carencias, materiales unas, espirituales otras. La edición de libros se paralizó. Accidental o deliberado, el Gobierno encontró otro mecanismo de coerción, de liberticidio. EL IMPULSO, cuya línea editorial se mantiene incólume, insobornable, habrá de soportar otro ramalazo en esta era que no vacilamos en calificar de aciaga.
A partir de este martes primero de octubre, circularemos con dos cuerpos. Antes, como se recordará, durante semanas enteras las páginas de este diario estuvieron desprovistas de color. De más está advertir que esto ocurre contra la voluntad de una empresa con ansias de crecer, y con potencial humano más que suficiente, preparado, e inspirado, para lograrlo.
La sequía de los dólares de Cadivi, en nuestro caso, va para los once largos meses. Una despiadada batería de alcabalas ha sido desplegada, particularmente, en cada trámite a llenar por nosotros. No se exagera si apuntamos que con pocos periódicos ha sido tan inflexible, o inclemente, el aparato burocrático. Estamos frente a una discriminación, ilegal, arbitraria y odiosa, como todas. Sabemos por qué, y digámoslo de una buena vez: no nos avergüenza, ni nos intimida; pero concierto tan ominoso debe ceder a la racionalidad, al carácter plural y democrático, al cual, más allá de los enfebrecidos requiebros ideológicos de la revolución, los venezolanos no renuncian.
Todo este tiempo EL IMPULSO se ha aprovisionado de insumos, en el país, a precios onerosos. Ha representado un calvario lograr las solvencias imprescindibles para que el Ministerio de Industria active la solicitud de divisas, en Cadivi, uno de cuyos pasos, pendiente aún, consiste en obtener la certificación de que el papel periódico no se produce en territorio nacional. No obstante lo obvio, esto demanda meses de espera, perdidos, costosos. Los tiempos corren y los compromisos se vuelven acuciantes, pero no hay respuesta oficial.
El espeso e indolente silencio, vía digital, de los despachos gubernamentales, intensifica la incertidumbre. En ínterin tan engorroso, incluso, se nos impuso, y pagamos, bajo firme protesta, una multa milmillonaria. Y entre una y otra protesta, la copia certificada del expediente «se extravió».
¿Quieren vernos cerrados? Mientras la respuesta del público, de nuestros trabajadores y relacionados, sea la que ahora percibimos, eso no ocurrirá. Seguimos de pie, inalterables en nuestra defensa de las libertades, de la democracia, de la vida, de la decencia. No nos verán flaquear. Emocionados, camino a los 110 años del acto fundacional, nuestro compromiso con las más nobles causas de los venezolanos se afirma en su diáfana vigencia.
Está escrito. Somos, históricamente, un periódico a prueba de despotismos.