El equipo de la Red de Educadores con su Gente plenó los espacios de la Plaza del Encuentro, al pie del edificio Buría (sede de la Zona Educativa), donde se manifestaron en contra de las presuntas injusticias y promesas incumplidas por parte del ministerio de Educación. Aseguraron que el Día del Educador es sinónimo de combate y protesta.
Frank Andrade, representante de la agrupación, declaró que para el Estado venezolano, la educación no es una prioridad, tampoco el conocimiento intelectual de sus ciudadanos, puesto que no invierten recursos en el capital humano que sostiene el ámbito educativo.
“El Gobierno Nacional a través de sus políticas económicas ha reducido al maestro prácticamente a una condición social que casi está en la pobreza extrema. El salario actual de un docente promedio está alrededor de 6.500 bolívares, cifra que no alcanza ni siquiera para llevar un sustento digno a su familia.
Incumplimiento de la Convención Colectiva
Andrade destacó algunos aspectos que han sido obviados por el ministerio de Educación, los cuales habían sido previamente consensuados en la actual contratación laboral.
“Nos han incumplido la gran mayoría de las cláusulas de la VII Convención Colectiva; entre ellas la construcción masiva de viviendas para 200.000 profesores en el país, quienes con el pírrico sueldo que perciben ven imposible el sueño de materializar la adquisición de una vivienda con sus recursos propios.
“Asimismo, no han cumplido con la gratuidad de las medicinas a todos los docentes, quienes deben gastar gran parte de sueldo y buscar en distintas farmacias los medicamentos que necesitan para estabilizar su condición de salud”.
Adicionó que existen deudas con otros 25.000 docentes, quienes cumplieron sus años de servicio y no han recibido sus prestaciones sociales. También con otros profesionales que percibieron este beneficio pero con cálculos imprecisos.
“Esa gran jornada de adjudicación de prestaciones sociales por parte del Gobierno ha sido una estafa, porque la base de cálculo debe hacerse con el último salario y con los respectivos retroactivos. Este procedimiento fue incumplido y se le dio una bofetada a las aspiraciones del magisterio”.
Expuso como prueba el caso de la profesora Marlene Córdoba, del estado Yaracuy, quien tras 28 años de servicio en la educación con nivel Docente VI y subdirectora de una institución, recibió un total de 43.000 bolívares de prestaciones.
Ante todas estas situaciones, Andrade se reunirá con el ministerio, el próximo 28 de enero a fin de dar solución a todos estos inconvenientes.
El representante indicó que los profesionales exigen un salario justo de 16.000 bolívares y una nueva contratación ajustada a la realidad del país.
