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18
nov

Directiva del Hcamp está acusada de negligencia y mal manejo presupuestario


Escrito por Keren Torres Bravo
noviembre 18, 2012

El Hospital Central Universitario Antonio María Pineda es el primer centro de salud de la región centrooccidental.

Según Gian Carlos Guidice, jefe de planificación y control de gestión, cuenta con 548 camas de hospitalización presupuestadas, aunque operativas o reales son 645, atiende a 7.500 pacientes por mes en la emergencia general, 650 partos y 550 cesáreas, más los 2.500 atendidos por la emergencia de traumatología. En el año 2011 se atendieron 100 mil nuevos pacientes.

Fue fundado 1955, cuando en el estado Lara había una población aproximada de 100.000 habitantes, y en la actualidad contamos con 1.150.000. Recibe pacientes de toda la región centroccidental y se apoya con un presupuesto de 1.000.080 mensuales asignado por el ministerio del poder popular para la Salud (MPSS), pero se gasta un estimado de 6.000.000.

Tiene 4.900 trabajadores, entre médicos, enfermeras, y personal administrativo.

En la actualidad, su directiva se encuentra en la mira de tres investigaciones puntuales: Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL), la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional (AN), por denuncias de usuarios sobre fallas en el servicio e incumplimiento a las normativas sanitarias internacionales.

Primera denuncia Los diputados del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL), por mandato de la plenaria en vista de una denuncia, comenzaron la investigación sobre la disposición de los desechos patológicos en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) y el estado del incinerador para este tipo de desperdicios. Reina Orellana, presidenta de la comisión de salud y de la comisión especial que hizo la averiguación, indicó que las conclusiones del caso establecen que ha habido negligencia en el manejo de estos desechos patológicos.

"En la primera inspección que hicimos en caliente conseguimos que la denuncia tenía una base sólida, porque en la morgue estaban acumulados más de 3.000 kilos de desechos patológicos, sin la debida clasificación y almacenamiento que establece la normativa internacional, porque vimos que las jeringas, guantes, restos humanos y hasta un feto, estaban en un mismo lugar”, explicó Orellana.

Señaló que el departamento de Saneamiento Ambiental, que debe tener toda institución de salud, no hizo su trabajo de velar por el buen funcionamiento de esta área, porque existe una clasificación desde la letra A inclusive hasta la F, que establece cómo debe almacenarse y cómo debe destruirse.

"Es un protocolo, desde que se produce el desecho, el traslado, almacenamiento y posterior destrucción, bien sea con incinerador o a través del depósito en vertederos que cumplan con ciertas características, por ejemplo, que sea en una fosa tapada con rejillas y plástico, para que los animales roedores y domésticos (perros, chivos) no puedan sacar ningún desecho para comérselos, porque el problema de salud pública que generaría sería mayúsculo”, explicó la diputada.

Expresó que según informes de empresas que trabajaron para el Hospital Central en relación al manejo de desechos, las pautas se cumplieron a cabalidad hasta el año 2008, después no encontraron ningún tipo de registros.

Infraestructura desmantelada Reina Orellana estableció que el área donde se encuentra la infraestructura para el depósito y cremación de los desechos patológicos "está prácticamente desmantelada”, cuando en el año 2008 fue entregado incluso un nuevo incinerador y una cava nueva, especial para mantener este tipo de desperdicios.

"Las cavas para mantener a los cadáveres deben refrigerar para evitar su descomposición, pero las que son destinados a los desechos patológicos deben congelar, porque la norma establece una temperatura de cero (0) grados. Ahí está la diferencia, por eso no pueden estar en las cavas de la morgue, como efectivamente constatamos”, explicó la diputada.

Recalcó que en el año 2008 les fue entregado un incinerador nuevo, que cumplía con las normas del Ministerio del Ambiente en relación a los filtros que debía tener para disminuir la contaminación ambiental. "Nuestra sorpresa fue observar el incinerador nuevo sin puertas, con golpes, y la cava sin motor. Y en vez de mandar a reparar estos aparatos, deciden llevar estos desechos a la morgue”, denunció Orellana.

Morgue hospitalaria y forense La presidenta de la comisión de salud del CLEL, reiteró que las cavas de la morgue no son aptas para los desechos patológicos.

"Sobre todo ahora con el aumento de la violencia y accidentes de tránsito, la morgue debe estar funcionando al 100% para recibir a los cadáveres. Recordemos que esta morgue es hospitalaria y también forense, por eso, el Ministerio del Interior y Justicia, hizo lo propio con el acondicionamiento de la infraestructura que ahora está sin uso, porque la empresa que ejecutó la obra no tomó las previsiones y cuando puso el piso de granito, se fue por la cañería y lo tapó, aunque a raíz de la denuncia, creemos que ya el problema fue reparado”, contó Reina Orellana.

No asistieron al CLEL La diputada indicó que en dos oportunidades fueron invitados Yleana Guarenas, directora regional de salud; y Ruy Medina, director del Hospital Central, pero no fueron.

Indicó que no observaron disposición de las autoridades regionales de salud para resolver el problema, a pesar de que la intención de la comisión del CLEL siempre fue ayudar a solventar el inconveniente con la determinación de responsabilidades, como también por la vía de colaboración y correspondencia entre los poderes.

"Será la plenaria que determine las responsabilidades políticas en este caso, y el informe final de la investigación será llevado a las autoridades con competencia como el Juez de Municipio, Fiscalía Ambiental, Defensoría del Pueblo, comisión de salud de la Asamblea Nacional y cualquier otra institución que los diputados tengan a bien remitir”, declaró Orellana.

Segunda denuncia Johnny Narváez, presidente de la comisión técnica permanente de finanzas y presupuesto del CLEL, aclaró que ellos no han negado ninguna solicitud de recursos adicionales, sino que han devuelto proyectos porque hay una decisión del Tribunal en lo Contencioso Administrativo, donde suspende los efectos del Plan Operativo 2012 de la gobernación del estado Lara y ordena ajustarlo al presupuesto del año 2010.

"Recordemos que hemos tenido dos años seguidos el presupuesto reconducido, la última Ley de Presupuesto que se aprobó fue del 2010, cuando no había entrado en vigencia la Ley de Planificación Pública, ahora, la legislación establece que el Plan Operativo debe ser aprobado por el CLEL”, explicó Narváez.

Agregó que luego de una inspección que hicieran a la imprenta regional, observaron que el gobernador Falcón había decretado una reforma parcial número 2 a la Ley de Administración Financiera del Sector Público del estado Lara.

Recalcó que la gobernación y sus diferentes direcciones han incumplido todas sus normativas en materia presupuestaria y de planificación, lo cual ha afectado la ejecución de algunas obras.

"Nos extraña profundamente la postura de la doctora Yleana Guarenas, porque ella también es miembro del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, ella sabe todas las veces que estuvimos allí y que el licenciado Teodoro Campos de forma intempestiva suspendía las reuniones. También sabe que muchas veces presentó proyectos por partes y le decíamos que lo hiciera por la totalidad, para aprobarlo completo”, expresó Narváez.

Expresó que según su opinión, el gobernador Falcón se contradice al decir que la salud es primordial para su gestión, cuando fue pública y notoria la ejecución de obras como el del Distribuidor Uruguay y las reparaciones en la Florencio Jiménez, para los cuales no solicitó recursos al CLEL.

"Si tenía ese dinero por qué no lo priorizó en solventar la problemática del Hospital Central Antonio María Pineda”, se preguntó Narváez.

Tercera denuncia Por su parte, la Defensoría del Pueblo introdujo una acción de reclamo al Juez de Municipio en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, contra la dirección de salud adscrita a la gobernación del estado Lara por la deficiencia en la prestación del servicio público de salud en el Hospital Central Antonio María Pineda.

Yris Rodil, defensora del pueblo, explicó que esta acción correspondió a la cantidad de denuncias que recibieron en su despacho de diferentes consejos comunales con respecto a la fallas en el servicio de nuestro principal centro de salud, y en la misma hacen varias solicitudes como "activar de manera inmediata los mecanismos administrativos y presupuestarios para garantizar los insumos suficientes e indispensables, tales como: suturas, analgésicos, antibióticos, lencería descartable, guantes, entre otros, que permitan una atención adecuada de la prestación del servicio de manera permanente”.

Fotos: Simón Alberto Orellana/Ricardo Marapacuto

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