El juicio de la exjueza María Lourdes Afiuni fue suspendido y reiniciado gracias a la concertación entre el Tribunal 17° de Juicio, a cargo de la jueza Marilda Ríos, y los representantes del Ministerio Público.

La abogada defensora de la ex «presa política», Thelma Fernández, expresó su convencimiento en que la medida que anuló un año de audiencias en un proceso que estaba a punto de culminar, fue coordinada y premeditada por el juez y los fiscales para no declarar la inocencia de Afiuni, y no dejar en evidencia el montaje judicial del que habría sido objeto.

«Estoy cien por ciento segura, no me cabe la menor duda de que actuaron como delincuencia organizada», expresó la jurista en declaraciones a EL IMPULSO.

La decisión fue tomada el pasado martes, cuando se esperaba la reanudación del proceso oral y público que comenzó en noviembre de 2012, en ausencia de la acusada. Se tomó como base el artículo 320 de Código Orgánico Procesal Penal, que establece que «si el debate no se reanuda a más tardar el décimo sexto día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su inicio».

Pero, a la luz de los antecedentes y la lógica, la abogada asegura que no hubo casualidades en la conjunción de estas circunstancias, sino causalidades muy bien dirigidas.

«El tribunal osadamente fijó la fecha de la audiencia para el miércoles 23, que era el decimosexto día hábil desde la última sesión, es decir, la última oportunidad de reanudación. No es usual, porque los tribunales se cuidan de no incurrir en estos casos, precisamente para no perder lo adelantado. Nosotros aunque sospechamos la intención, no pusimos reparo porque a todas las audiencias había acudido representación del Ministerio Público, pero esta vez no fue así», explicó Fernández.

Agregó que al solicitar a la secretaria del despacho judicial notificar a la Fiscalía General de la República para que enviaran a un representante, esta no lo hizo y en cambio anunció a la defensa la decisión de interrumpir el proceso.

Con base en el panorama expuesto, la abogada penalista no dudó en afirmar que «estaba todo planeado para interrumpir el juicio, que estaba a punto de concluir».

Los beneficiados

Contrario al derecho a la defensa de la exadministradora de justicia, las circunstancias arrojaron una ganancia inesperada para aquellos actores cuya actuación ha sido seriamente cuestionada a lo largo del proceso oral y público por la existencia de irregularidades, según la defensa. El hoy Fiscal Superior del estado Lara, William Guerrero, figura como uno de los principales beneficiados por la interrupción.

«Casualmente para este jueves estaba fijado un careo entre el fiscal William Guerrero, quien fue el que ordenó la detención de la jueza Afiuni y el allanamiento a su tribunal, y funcionarios del Sebin quienes lo ejecutaron. Después él dijo que nunca lo había ordenado», resaltó Fernández.

Guerrero también habría quedado en evidencia al justificar su actuación inicial en la supuesta falta de la boleta de excarcelación de Cedeño (lo que sustentó la teoría de la fuga), cuando «el inspector de tribunales que declaró en juicio reiteró que sí hubo boleta, sí hubo un oficio firmado y sí se trató de una decisión judicial enmarcada en la ley».

«Ya no había escapatoria. Lo que iba a suceder allí es la demostración tangible de que ese fiscal mintió. Primero cometió el delito de falso testimonio y en segundo lugar violó la ley al ordenar el allanamiento del tribunal de Afiuni sin incluir evidencia de que hubiese cometido un delito», recalcó la abogada.

Las implicaciones de la decisión del Tribunal 17° de Juicio es la permanencia en un limbo jurídico de la fémina, quien hoy goza de libertad condicional tras pasar un año y medio en la cárcel y el mismo período presa en su residencia. Mientras tanto, es objeto de restricciones «inconstitucionales», como la prohibición de expresarse públicamente, incluso por Twitter.