El departamento estadounidense de Estado considera que el «camino apropiado» para resolver la situación en Venezuela es el diálogo y no las sanciones que actualmente discute el Congreso, dijo este miércoles la vocero de la cancillería, Jennifer Psaki.
«Pensamos que las sanciones son una herramienta, no un objetivo. Creemos que el diálogo democrático genuino es el camino apropiado» en el caso venezolano, expresó Psaki en una conferencia de prensa.
La comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó el martes la adopción en el futuro de sanciones económicas a funcionarios venezolanos responsabilizados por violaciones de los derechos humanos durante las recientes protestas antigubernamentales.
En la visión de Psaki, «obviamente el Congreso es libre de proponer o votar lo que quiera, pero seguimos concentrados en las herramientas diplomáticas para ver de qué forma se puede resolver» la situación en Venezuela.
Además, puntualizó, «por ahora no tenemos informaciones de que cualquier otro país latinoamericano en este momento apoye sanciones a Venezuela».
Aunque el Departamento de Estado ya había sugerido que no consideraba una opción prioritaria la adopción de sanciones a funcionarios venezolanos, la declaración de Psaki constituye la muestra más clara de las divergencias entre la cancillería y el Congreso.
La votación en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado ocurrió poco más de una semana después de que su homónima en la Cámara de Representantes aprobara un proyecto similar.
Si ambos documentos pasan sus respectivas cámaras deberán conciliarse en una sola versión antes de que llegue al presidente Barack Obama.
Este mes, al declarar ante la propia comisión del Senado, la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, admitió que las sanciones eran una posibilidad en el caso de Venezuela pero sugirió que no era el momento adecuado para ello.
La adopción de sanciones, dijo, podría ser «contraproducente», y en cambio dio esperanzas al diálogo iniciado en abril -aunque por momentos congelado- entre el gobierno de Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
Las protestas iniciadas en febrero en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada que roza el 60% y la alta criminalidad, dejan 42 muertos -algunos policías-, unos 800 heridos y 250 detenidos.
