Denuncian distribución de medicamentos sin permiso sanitario

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Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, durante su visita a esta casa editorial, denunció que el Ministerio del poder Popular para la Salud y el presidente de la República Nicolás Maduro, están permitiendo la distribución de medicamentos, a través de la Corporación Nacional de Insumos para la Salud (Consalud), sin el registro sanitario correspondiente.

«El Estado creó la empresa para traer medicamentos al país e introducirlos en la cadena de comercialización pública y privada, como por ejemplo el Paracetamol, un fármaco con propiedades analgésicas. No sabemos bajo qué condiciones fue establecida, pero lo que hace es antiético, eso está establecido en la Ley de Medicamentos”.

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Recalcó que todo producto debe tener la certificación para ser dispensado en el territorio y lo que más le sorprende es que tal ilegalidad se suscite con anuencia de la Cámara Venezolana de Droguería (Cavedro), por lo cual, calificó la acción como una violación a la Ley de Medicamentos.

“No es posible que se presten para este fraude, porque el gremio debe garantizar la calidad de los productos que se van a distribuir”, sentenció Ceballos, al tiempo que solicitó a todos los establecimientos negarse al despacho, pese a que estarían incurriendo en un ilícito farmacéutico. El entrevistado destacó, que todas las drogas tienen un efecto secundario, y si previamente no se analiza la potencia o efectos terapéuticos, absolutamente nadie está en la capacidad de garantizar a los pacientes su calidad, ni la efectividad.

“Quisiéramos saber cuál es la respuesta del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ante esta irregularidad, porque es el ente que se encarga de avalar el registro”, expresó preocupado el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, quien supone que esta maniobra es permitida por la crisis de medicamentos que se registra en la actualidad, la cual es promovida por el mismo Estado y tiene como resultado la escasez del 60% de fármacos en la capital, mientras que en las provincias alcanza 70%.

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