Denuncian a Venezuela ante la SIP por coaccionar y censurar a la prensa

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La prensa oficial e independiente de Cuba es «coaccionada y censurada», mientras en Venezuela se es víctima de una «hegemonía comunicacional» gestada en La Habana, denunciaron el domingo la bloguera cubana Yoani Sánchez y editores venezolanos de periódicos al presentar informes sobre la libertad de prensa ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Sánchez, representante de la SIP en Cuba desde 2012, dijo que el gobierno de Raúl Castro ha intensificado «un sistema gubernamental contra la libertad de expresión, a través de agresiones provocadas por turbas, amenazas, actos de vandalismo, en un año donde han detenido hasta cinco periodistas independientes».

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Las declaraciones de Sánchez se produjeron en el segundo día de la asamblea general de la SIP que se celebra en Denver, Colorado (noroeste de Estados Unidos), a la que asisten unos 300 editores y periodistas de distintos medios latinoamericanos y estadounidenses para debatir sobre la situación de la libertad de expresión en la región.

La bloguera indicó que en la isla se han abierto varias «bocas de internet», «pero el acceso sigue siendo prohibitivo puesto que un cubano debiera gastar el tercio de su salario para navegar una hora en internet».

La autora del blog «Generación Y», filóloga de profesión, reiteró su convencimiento de que la red social Twitter es «una gran herramienta para denunciar violaciones de los derechos humanos en sitios bajo regímenes represivos».

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Sánchez abogó por que una «prensa digital responsable haga bien en Cuba para no crear antagonismos como hasta ahora, donde se piensa como gobierno y la prensa es monopolio del Partido Comunista».

El director del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo a su vez que el informe sobre Cuba obligaba a una reflexión sobre lo que está sucediendo en Venezuela y en la región al referirse a una «hegemonía comunicacional en América Latina asesorada y originada desde La Habana».

Otero mencionó la reciente creación en su país del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo adherido a la presidencia de la república que, según dijo, tiene el objetivo de censurar cualquier tipo de información aduciendo razones de seguridad nacional.

«Lamentablemente los gobiernos se imitan en las cosas peores. En su falta por traer prosperidad a su gente, reprimen libertades», comentó Sánchez.

Gilberto Urdaneta, editor del diario Regional del estado venezolano de Zulia, opinó que «la censura es cada vez mas descarada por parte del gobierno de (Nicolás) Maduro».

Urdaneta destacó la escasez de divisas para comprar insumos importados, entre ellos papel y tinta, lo cual ha forzado el cierre de cinco medios y más de una veintena han reducido páginas y dejado de publicarse en forma diaria.

El informe venezolano también indicó que se incrementó el número de juicios y demandas penales y civiles contra periodistas y medios, mientras «el gobierno retacea información oficial y discrimina con el otorgamiento de publicidad oficial», dijo Urdaneta.

También se mencionó la venta a personas afines al oficialismo del canal de oposición Globovisión y la salida de varios de sus periodistas. Varios periodistas criticaron al expropiertario del canal Guillermo Zuloaga, que «vino a buscar apoyo de la SIP varias veces» para luego «venderse» al gobierno.

Los informes de cada país, con debates puntuales sobre Ecuador y Argentina,serán discutidos por el pleno antes de su aprobación al concluir la asamblea general de la SIP el martes.

El sábado Gary Pruitt, presidente de la agencia de noticias Associated Press (AP), criticó en duros términos al gobierno del presidente Barack Obama, que, dijo, «ha procesado fuentes que filtran información como ningún otro gobierno pasado», y comparó algunas de sus prácticas con las de regímenes autoritarios.

Las declaraciones fueron parte de su presentación «Libertad de prensa vs. seguridad nacional: El falso dilema», durante la cual fustigó la trama de espionaje de periodistas que llevaron a cabo en 2012 las autoridades de Estados Unidos para dar con la persona que filtró información sobre un fallido atentado terrorista.

 

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