Demandan al Estado por masacre de Uribana

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Un grupo de víctimas de la llamada «masacre de Uribana» acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Ministerio de Asuntos Penitenciarios por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 reclusos durante los sucesos ocurridos en enero de 2013.

Como representante legal de cuatro personas quienes son familiares de reos asesinados, el director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseguró que existen pruebas de que efectivos de la Guardia Nacional iniciaron el tiroteo que dio lugar al exterminio de una parte de la población carcelaria de Uribana.

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«Nosotros tenemos testimonios tanto de internos como de familiares, así como elementos que recabamos con la investigación nuestra. Hay muchos videos y declaraciones, que indican que no fueron precisamente los internos quienes dispararon», advirtió el defensor de DDHH a EL IMPULSO.

Prado acotó que el caso fue presentado ante la Comisión antes de que Venezuela renunciara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que si el expediente es sustanciado y procede, perfectamente podrá ser ventilado en esa instancia y no existe impedimento para que el Estado venezolano pueda ser juzgado y condenado.

«El Estado venezolano siempre argumenta que hasta tanto no se agoten las vías internas de justicia ningún asunto puede ser elevado a instancias internacionales. No obstante, la Convención Americana establece lo que es el retardo injustificado, que tiene que ver con la falta de investigación en el país, y bajo ese artículo la Comisión siempre admite estos casos», explicó Prado.

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En este sentido, aseguró que efectivamente la investigación que inició el Ministerio Público sobre los hechos guarda un retardo notable, pues a más de un año del suceso aún no existen acusaciones. Además, lo más grave es que carece de rigor criminalístico, y experticias claves para determinar la participación de la GN en el tiroteo ni siquiera fueron ordenadas, lo que hace pensar en una posible intención por esconder estos hechos, agregó Prado.

«El Ministerio Público debió ordenar una experticia sobre la ropa que portaban los funcionarios de la GN que actuaron ese día para determinar las trazas de pólvora, y eso no esta en el expediente. Tampoco se hicieron pruebas balísticas a las armas de los uniformados para determinar si sus balas coinciden con las que mataron a las víctimas, además es evidente que hubo una alteración del sitio del suceso antes de que comenzara la investigación. Todo esto indica que esta no es objetiva», manifestó el abogado.

Vale destacar, en el caso de Uribana, la mayoría de las muertes fueron causadas por armas de fuego, y estos reclusos se hallaban bajo la responsabilidad del Estado. «La ministra de Asuntos Penitenciarios autorizó la requisa», resaltó.

Tras la reforma del Código Orgánico Procesal Penal ahora las organizaciones no gubernamentales no pueden representar a las víctimas ante los órganos internacionales, y para ello el demandante tiene que nombrar como su abogado personal a un representante de la ong, tal como ocurrió con Prado.

Actualmente, el estatus se este proceso se encuentra en la fundamentación de la demanda ante la Comisión. «Hemos estado presentando informes», precisó el activista. Una vez que se complete, entonces la instancia que actúa como una especie de fiscalía regional cita al Estado demandado para que replique, tras lo cual puede determinar si existen fundamentos concretos para elevar una demanda ante la Corte.

 

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