La Providencia N° 00042 emitida el lunes por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, que ordena a los propietarios de inmuebles con más de 20 años en condición de inquilinato a ofertarlos a sus ocupantes, bajo pena de multa de 2.500 unidades tributarias, genera preocupación en el sector inmobiliario, por cuanto podría propiciar una mayor contracción en el mercado de alquileres.
Al respecto, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, Shoymei Lau, resaltó la necesidad de que la medida vaya acompañada por una normativa clara, que permita beneficiar a los inquilinos sin perjuicio de los propietarios.
Lau explicó que la resolución guarda relación con una iniciativa planteada por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martínez, debido a la existencia de aproximadamente 5.000 apartamentos en la ciudad de Caracas ubicados en edificaciones con avanzado estado de deterioro, y ocupados por inquilinos y/o invasores desde hace más de 20 años.
“Son edificios donde vive gente que paga alquileres irrisorios o sencillamente no cancela nada. Además, presentan condiciones precarias de mantenimiento, áreas comunes, ascensores, entre otros. Ante ello, el sector inmobiliario presentó al presidente Nicolás Maduro una propuesta que permitiera a los ocupantes hacerse con la propiedad de las unidades habitacionales, y a su vez se estableciera un justiprecio para los propietarios”, detalló.
Asimismo, recordó que una propuesta similar había sido planteada en el año 2009 al entonces presidente Hugo Chávez.
No obstante, Lau teme que con la aplicación de la providencia “paguen justos por pecadores, si no se establecen condiciones claras para los casos específicos. Si bien existen muchos inmuebles en las características anteriormente descritas, otros presentan situaciones distintas”.
Indicó que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento “atiende muchísimos casos y en este momento se encuentra colapsada, por lo tanto, será muy complicado para ellos atender los requerimientos que genere esta nueva providencia”.
En tal sentido, exhortó al Gobierno nacional “a que tome en cuenta a la Cámara Inmobiliaria y a la Cámara de Bienes Raíces, a fin de elaborar un inventario detallado de todos los inmuebles que tengan más de 20 años en alquiler, pero donde también se describan las características especiales de cada unidad habitacional.
Así podrá aplicarse la medida sin consecuencias negativas”.
