El presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Benito Barcarola, señaló que ninguna persona puede cumplir con las normas establecidas en la Ley de Arrendamiento

Los motivos son simples. En primer lugar, los organismos que debió crear el Estado antes de la promulgación no han sido constituidos en detrimento de los propietarios e inquilinos quienes no tienen cómo cumplir con las exigencias. “La ley se promulgó hace tres meses y estas instancias no se han conformado. Por lo tanto, no hay regulaciones de los cánones de arrendamiento ni la revisión y autorización de los contratos previos a ser firmados. Los contratos se están celebrando en privado y de forma provisional hasta tanto el organismo sea creado. Tampoco el canon ha podido ser notariado”.

Explicó Barcarola que las cámaras de Bienes Raíces efectúan asesoría a clientes y afiliados, en aras de que los documentos se encuentran adecuados a la ley vigente. “Hay un vacío de procedimiento. En Barquisimeto se creó la Superintendencia de Arrenda-miento en el Ministerio de Hábitat y Vivienda y sus funcionarios son muy amables pues responden ciertas dudas”. 

Atención

Barcarola sostiene que la incertidumbre en torno al funcionamiento de las organizaciones relacionadas con el sector inmobiliario aumenta con el paso de los meses. “El Gobierno puede tener muy buenas intenciones, pero lo que ha hecho es perjudicar a los inquilinos porque hay menor oferta de inmuebles en arrendamiento, a causa de la inseguridad jurídica”.

Señaló que existe un vacío legal en cuanto al cumplimiento de las normas promulgadas y poca claridad en las operaciones inmobiliarias.

“Esperemos que en la intención de regular los inmuebles comerciales, no se cometa el mismo error que con los inmuebles residenciales. Si esto sucede, lejos de proteger al arrendatario lo perjudica pues habrá una escasez de mercado, incertidumbre para nuevos desarrollos y toda la cadena productiva que va unida a la materia arrendaticia se paraliza en su máxima expresión”.

Según datos aportados por la Cámara de Bienes Raíces, la oferta de alquileres de viviendas se desplomó en Venezuela, ante la falta de garantías de los propietarios de recuperar sus bienes.

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