Numerosas comunidades del municipio Iribarren continúan sin suministro de agua potable como consecuencia de la huelga que mantienen los propietarios de camiones cisternas al servicio de Hidrolara.
El paro comenzó hace unos 15 días cuando no hubo acuerdo entre los representantes de los transportistas y la hidrológica en cuanto a las tarifas.
En la actualidad los dueños de los camiones tanques cobran 800 bolívares por viaje cuando se trata de distribuir el líquido en el oeste y 1.200 en el norte de la ciudad y están exigiendo un incremento del 160 %, cantidad que desde Hidrolara les han manifestado no estar en disposición de concederles.
El presidente de la empresa, ingeniero Pedro Sánchez, informó que en la última reunión les ofrecieron 50 por ciento de aumento, cantidad que, al parecer, no satisface las aspiraciones de las cooperativas.
Actualmente tienen convenio con Hidrolara tres cooperativas, una de ellas El Cadenal, con 120 cisternas, de los cuales sólo estaban operativas 42 debido a que las otras se encuentran detenidas por fallas mecánicas que no han podido ser reparadas por la dificultad para conseguir repuestos.
José Mogollón, representante de El Cardenal, dijo que la solicitud de ese incremento del 160 por ciento no es un capricho sino una necesidad dados los altos costos de mantenimiento de un camión y puso como ejemplo los miles de bolívares que se necesitan para reponer un juego de cauchos, una batería o reparar una máquina.
Algunos consideran más rentable parar sus camiones y trabajar en otras ramas.
Para este martes estaba fijada otra reunión entre las partes, desconociéndose hasta horas de la tarde los resultados de la misma.
Mientras tanto, numerosas comunidades del oeste, norte y la parroquia Águedo Felipe Alvarado, que no disponen de suministro de agua por tuberías siguen sin recibirla de los cisternas al servicio de Hidrolara, lo que ha dado origen a varias protestas en Pavia y vía hacia Bobare, como las ocurridas la pasada semana durante tres días.
Algunos cisterneros particulares se han dedicado a vender agua cuya procedencia se desconoce e incluso ha habido denuncias de habitantes de comunidades de que no es apta para el consumo humano por ser salobre o presentar olores extraños.
