Comunidades piden debate público sobre la “vivienda productiva”

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El artículo 68 previsto en el proyecto de reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de Barquisimeto, mejor conocido como PDUL, establece la posibilidad de que en todas las zonas y bordes urbanos de la ciudad se permita la aplicación del modelo de vivienda productiva.

De aprobarse, las distintas modalidades de uso de este tipo de viviendas podrán aplicarse incluso en las zonas residenciales de la urbe, situación que desde el año 2013 ha sido objeto de debate en el seno muchas comunidades ubicadas al este de Barquisimeto.

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La reforma es impulsada por el Concejo Municipal de Iribarren, instancia que el próximo 2 de diciembre cerrará el período de consulta pública sobre los cambios propuestos en la ordenanza.

Alejandra González, coordinadora de la Federación de Asociaciones Comunitarias, conformada por representantes de más de 20 urbanizaciones y comunidades, asegura que en la mayoría de los sectores consultados mediante asambleas de ciudadanos se rechaza la aplicación de la vivienda productiva de forma general.

“Nosotros, a propósito del llamado a consulta, decidimos realizar nuestras propias encuestas y los resultados serán consignados ante el Concejo Municipal, antes de que culmine el plazo. La mayoría de las urbanizaciones están en desacuerdo con la medida, pero algunos sectores como Cruz Verde, Cruz Blanca y Nueva Segovia, han expresado que sí les conviene que se permita esa figura, que ya existe en muchas de sus calles”.

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Las viviendas productivas son definidas como aquellas residencias cuyos espacios son aprovechados, por sus propios habitantes y con un máximo de tres empleados ajenos al hogar, “con la finalidad de realizar actividades económicas de producción a menor escala”, según lo establecido en el proyecto de reforma del PDUL.

Dentro de los usos establecidos para la ciudad en el artículo 135, aparecen los 30 usos referidos a las Viviendas Productivas (páginas 141 a 143 de la Ordenanza), destacan los siguientes:

-Cultivo de plantas perennes y no perennes, cultivos organopónicos e hidropónicos y viveros.

-Cría y/o reproducción de aves de corral. De animales domésticos (mascotas).

-Elaboración, envasado y venta de productos alimenticios. De helados, entre otros postres.

-Elaboración y venta de comida para llevar o con comensales.

-Elaboración artesanal de diversos rubros.

-Guardería infantil y/o tareas dirigidas.

-Servicios en diversas áreas como lavandería, tapicería, arreglos de costura, planchado, reparación de equipos, peluquería y barbería, masajes, alojamiento turístico, entre otros.

-Actividades docentes con un cupo máximo de 15 estudiantes.

Según González, las comunidades que se muestran en desacuerdo con la iniciativa no están en contra de la vivienda productiva, pues lo que solicitan es que en caso de aprobarse, el modelo sea aplicado solo en zonas o áreas en las que sus habitantes están a favor y en las que se evidencie un beneficio directo a la comunidad.

“La idea es que se implemente una vivienda que sea ciertamente productiva como se aplica en Curitiba- Brasil, en Chile y otros países latinos donde se maneja una vivienda productiva cierta, de ayuda y apoyo a los sectores populares. Son lugares que tienen facilidades como un centro cercano donde se puedan vender los rubros elaborados al público general”.

“Como ciudadanos estamos dispuestos a contribuir con ideas sobre los lugares en los que sí se puede implementar la vivienda productiva organizada”, explica al tiempo que detalla la necesidad de que el debate sobre el tema se lleve a cabo en todos los sectores de la ciudad.

“Muchas urbanizaciones cerradas están en desacuerdo, porque la existencia de una vivienda productiva implicaría una vulneración de las medidas de seguridad que manejan, además que podría causar perturbaciones o molestias”.

Fundalara desarrolla su propia metodología

Desde el año 2008 los vecinos de la Urbanización Fundalara cuentan con un Estudio de Usos permitidos en esa zona, realizado con el apoyo de la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) de la Alcaldía de Iribarren por solicitud de los vecinos y los integrantes del consejo comunal.

José Lugo, presidente de Asofunda, contó que el plano fue solicitado debido a la proliferación del comercio en la zona.

“Desde esa época nosotros nos basamos en la normativa del uso comercial contemplada en el PDUL (artículos 81 y 82), que habla del comercio comunal y local, cuando algún vecino decide utilizar su hogar para beneficio económico. Además existe un modelo de encuesta en el que se consulta a los vecinos si se permite o no la instalación del comercio”.

A su juicio la instauración de la vivienda productiva es innecesaria, debido a que ya existen metodologías para definir estas situaciones en las comunidades. “Si la reforma se aprueba, se pasaría por alto la beligerancia de los vecinos en este tema, algo que nosotros rechazamos”.

Cruz Verde a favor

Mireya Terán, vocera de la Asociación Barrio Cruz Verde y Nueva Segovia, resalta en la zona donde habita se da el concepto de vivienda productiva desde hace mucho tiempo, de allí que la mayoría de las 719 familias que lo conforman se encuentran a favor de la modificación del PDUL.

“Muchas familias tienen ventas de empanadas, repuestos, preparación y venta de almuerzos, por eso están interesadas en que se oficialice la figura”, explica.

Sin embargo, en ese sector consideran que es necesario que el permiso de uso esté acompañado de un programa económico de apoyo a las familias que desarrollan estas actividades.

“Cuando fundamos este barrio no teníamos los servicios básicos, han transcurrido muchos años y hemos logrado grandes avances, de los fundadores somos muchos los que estamos interesados en la vivienda productiva y esperamos recibir el apoyo de la Alcaldía de Iribarren”.

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