En el equipo que maneja el dossier de Venezuela en Washington, pocos imaginaron que Nicolás Maduro llegaría a dos años de gobierno. La situación fue analizada de manera superficial y se pensó que se produciría un colapso económico de tales características que haría inevitable un proceso de “transición”. Un error de cálculo, pues los hechos mostraron que las condiciones no estaban dadas para la estrategia que se adelantó.
Este enfoque explica que se hayan tomado en los últimos meses varias medidas de intervención en el acontecer político nacional, como la Ley de Protección de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela aprobada en diciembre del año pasado, y la más reciente Orden Ejecutiva en la que se declara a Estados Unidos en “emergencia nacional” por considerarse que Venezuela representa una amenaza “inusual y extraordinaria” para ese país. Habría que señalar que este último movimiento de piezas se vio perturbado porque no contó con el respaldo de los países de la región, como se evidenció en la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, y por la reacción de la mayoría de los venezolanos.
Por otra parte, esta decisión fue anunciada cuando ya habían fracasado los intentos de “la transición” y el proceso político venezolano comenzaba a encaminarse por los rieles de las elecciones parlamentarias, que se encuentra en estos momentos en fase de primarias para la escogencia de las candidaturas que van a ser postuladas por los diferentes agrupamientos partidistas.
Ahora bien, hay asesores en la Casa Blanca que sostienen que la “transición” ha sido simplemente diferida y que debe mantenerse la presión con el propósito de lograr un cambio de gobierno, que se iniciaría con un excepcional desempeño electoral de la MUD, facilitado por el malestar causado por la escasez, la inflación y la inseguridad. De tal manera que considerarían prioritario apuntalar las condiciones para que la oposición pueda, en cualquier circunstancia, reclamar un triunfo.
En esta perspectiva es que se inscribe la propuesta que han hecho de una nueva modalidad de observancia del proceso electoral venezolano, en la que el Consejo Nacional Electoral compartiría ciertas funciones que le corresponden como institución con un cuerpo de observadores que tendría potestades más amplias que las que hasta ahora han tenido las diferentes misiones de acompañamiento que han venido con anterioridad y en cuyas manos estaría validar los resultados definitivos. Este será un punto crucial del debate en los próximos meses.
