“Nunca hemos dejado de atender a un paciente que llega a la emergencia cuando su vida está en peligro. Cuando estamos colapsados se atienden primero las urgencias y quienes tienen una situación de salud sin gravedad tienen que esperar”, explicó Raúl Acevedo, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas del estado Lara y de la Clínica Acosta Ortiz.
Acevedo aseveró que los primeros que desean la regulación son los dueños de clínicas, sin embargo, debe ser “justa y consensuada” entre todas las partes afectadas, asimismo, la regulación debe abarcar cada uno de los ámbitos con implicaciones directas e indirectas en los costos finales de los servicios que prestan en las instituciones de salud.
“La regulación para nosotros ya existía con las mismas empresas aseguradoras. Por ejemplo, si una cesárea se encuentra en el orden de los 27 mil bolívares, cuando una cotización sobrepasa esa cantidad, un representante del seguro privado llama a la clínica para pedir que se baje el precio al promedio, sino se logra esta disminución no aprueban el pago”, explicó Acevedo.
Otro caso, que genera pérdidas a las clínicas, es cuando un paciente es atendido por la emergencia y al momento de facturar el seguro determina que no era una emergencia, entonces el paciente debe cancelar.
“Muchas veces nos dicen que no tienen dinero y no cancelan o lo hacen con mucho retardo. Nada más por esta razón tenemos una pérdida aproximada de 500 mil bolívares en lo que va del año 2013”, detalló el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas.
Ante la denuncia sobre la diferencia de costos entre una persona con seguro privado y otra que no cuente con este servicio, Raúl Acevedo ratificó que para la elaboraciónde las cotizaciones se pide el nombre de la aseguradora para colocarla en el remitente.
“Cuando el paciente no cuenta con un seguro privado, se busca la manera de ayudar a la persona y se les puede bajar un porcentaje del costo total, tomando en cuenta que pagarán de forma inmediata, no a los 60, 90 días o más que tarda la aseguradora en responder a la clínica”, dijo Acevedo.
Cuando el médico que hace un procedimiento quirúrgico considera bajar sus honorarios, el ayudante y anestesiólogo -por ejemplo- también lo hacen de forma obligada, porque ellos cobran un porcentaje del monto médico principal en la cirugía. Todo esto hace que el monto total sea menor.
“Se hace porque las personas llegan con el dinero justo para pagar, han pedido a sus familiares y al final también piden esa consideración especial por no contar con un seguro médico que los ampare”, aclaró el presidente de la Clínica Acosta Ortiz.
Aclaró que el hecho de la no atención a pacientes en las emergencias ha sido una matriz de opinión falsa, porque en ninguna clínica dejarán morir a una persona por no contar con una clave del seguro.
“Eso no pasa, si ocurriera los familiares estarían denunciando en primer lugar en todos los medios de comunicación. Cuando no se atienden de inmediato es porque no hay capacidad, pero nunca sucede con quienes están en un estado crítico de salud, siempre se establecen prioridades”, recalcó Acevedo.
Negocio familiar
“Nos acusan de que tenemos un negocio, y claro que lo es, pero hemos demostrado con pruebas que el margen promedio de utilidad (ganancia neta) es de 5% del total de la facturación. Otras empresas tienen ganancias entre 20 y hasta 50%, cualquier otro negocio nos generaría más ganancias, sin embargo continuaremos trabajando en el sector salud”, explicó.
Recordó que en el caso de la Clínica Acosta Ortiz tiene una tradición de 70 años de fundación.
“Es un legado que empezaron nuestros abuelos y por eso seguimos al frente”, dijo Acevedo.
Del 5% de ganancias, destacó que casi la totalidad se invierte en ampliaciones y equipos nuevos, en vista de la demanda de pacientes.
“Quisiéramos que el sistema público de salud funcionara, sin embargo no es así, por lo cual las clínicas privadas tenemos que resolver un gran número de problemas de salud de los venezolanos”, dijo el entrevistado.
Dólares a destiempo
Con el sistema actual de entrega de divisas a proveedores y personas jurídicas, el atraso en la entrega de los dólares preferenciales ha incrementado la dificultad para la compra de medicamentos y equipos médicos quirúrgicos.
A ello se le suma la inflación y las devaluaciones de la moneda.
“Por ejemplo, compramos un tomógrafo en el 2008 en 600 mil bolívares. Este 2013 se dañó el tubo central y al pedir la cotización el costo es de 90 mil dólares, si sacamos la cuenta con el dólar a 6,3 por bolívar sería 567 mil bolívares en la actualidad, sin embargo es casi imposible conseguir las divisas”, informó Acevedo.
Señaló que en una factura intervienen varios aspectos que se dividen en tres partes: servicio de hospitalización (aproximadamente un 30%), medicamentos y material médico quirúrgico (20%) y honorarios médicos (50% del total en promedio).
Realidad económica
Aunque es cierto que hubo reuniones con el Gobierno nacional y representantes de la Alianza Interinstitucional de Salud (AIS), lo publicado en la Gaceta Oficial sobre los costos de los servicios que prestan las clínicas privadas no fue acordado en consenso con las partes implicadas.
“Algunos costos están en el promedio que se cobraba, pero otros están totalmente fuera de la realidad económica. Por ejemplo, un sesión de hemodiálisis la regularon en 200 bolívares, cuando se cobra alrededor de 8.000 bolívares; situación parecida ocurre con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de 8600 por día aproximadamente, pasó a 5600 como tope máximo”, comentó Acevedo.
Ante esta situación, los representantes de las clínicas privadas esperan una respuesta rápida del Estado, porque no estos servicios no pueden subsistir al costo máximo establecido en la gaceta.
“Si me demuestran que en una hemodiálisis gasto sólo 200 bolívares yo acato la norma sin problema, pero con pruebas, porque eso no cuesta ni el yelco que se le coloca al paciente”, estableció.
Crédito a las aseguradoras
Otro punto que quiso destacar el presidente de la Clínica Acosta Ortiz es el hecho de la tardanza en cancelar los servicios médicos por parte de las aseguradoras y empresas del Estado que manejan su propio dinero para sus trabajadores.
“Nosotros le damos un crédito de buena fe a las aseguradoras y a las empresas públicas, sin cobrarle intereses. Las más serias pagan en 45 días, pero otras tardan en 8 meses o más en cancelar los servicios”, expresó Raúl Acevedo.
Señaló que si existe algún retraso en un crédito bancario se lo suspenden o cobran intereses de mora a quien no paga, o en el caso de servicios como Cantv o Corpoelec no dudan en suspender el servicio cuando les adeudan recibos, sin embargo, cuando les toca pagar no lo hacen a tiempo.
Problema de todos
Raúl Acevedo pidió que se reiniciaran las conversaciones entre el Gobierno, representantes de la AIS y de la Asociación Venezolana de Hospitales y Clínicas (AVHC), para establecer verdaderos acuerdos sobre los precios a cobrar.
“Después de una reunión que sostuvimos la semana pasada en Caracas, concluimos que cumpliremos con los costos establecidos en la gaceta oficial, sin embargo hemos aclarado que deben hacerse reformas rápidas para poder continuar prestando servicios de calidad”, recordó Acevedo.
Sólo 15%
En Venezuela existen 42 mil 500 camas de hospitalización en el sector público, mientras que las clínicas privadas tienen unas 7.600 camas, lo que representa 15% del total.
Sin embargo, las clínicas privadas atienden 55% de las complicaciones de salud de los venezolanos.
Un estudio elaborado por Venancham, cuando se establece el monto de 2.800 bolívares de costo por día en una emergencia -por ejemplo- no se detalla si en la facturación entrará: medicamentos y materiales médicos quirúrgicos, alimentos, equipos, servicios auxiliares y personal asistencial.
