Salin El Jebai Abau Jahjan tiene 42 años, es un hombre que viste con ropa de marca, es dueño de dos vehículos último modelo y siempre exhibía prendas de oro.
Decía contar con muchas amistades en el Gobierno y mostraba fotos con personalidades conocidas. Conversador y habilidoso para convencer a cualquiera, manejaba mucho dinero y al parecer ha logrado amasar una gran fortuna, pero lo curioso es que nunca en su vida ha trabajado. El ciudadano de origen árabe, tras cinco meses de investigación, cayó en manos de la justicia.
Según indican las investigaciones lo que ha obtenido ha sido a través de estafas, las cuales nadie se atrevía a denunciar, pues pensaban que no harían nada por ser una persona allegada a las autoridades y más cuando expresaba ser familiar del jefe del Cicpc en Lara.
Se manejaba por cheques
Siempre actuó de forma cautelosa, con complicidad de otras personas. Se presentaba en establecimientos comerciales, estudiaba cuál era el movimiento y se aprendía e investigaba los nombres de los dueños y en qué momento abandonaban la tienda. Una vez que no estaban allí llegaba usando trajes y en compañía de dos hombres quienes decían ser sus escoltas, se identificaba como ministro, miembro de algún organismo o institución pública. También decía ser familiar del jefe del Cicpc en Lara. Preguntaba por los dueños, hacía grandes pedidos y compras, aunque en el sitio no se aceptaran cheques, mostraba tanto conocimiento de los dueños que los empleados terminaban creyendo. También decía como excusa que andaba apurado porque lo iban a secuestrar y así recibían el papel.
Una vez que cobraban el cheque o lo conformaban, no tenía fondos o era un cheque hurtado a una persona. Los montos eran entre 400 mil y 500 mil bolívares.
Desde el año 2011 en Lara se conocieron denuncias contra este señor, pero no había suficientes elementos en su contra. En total en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) reposan ocho denuncias a partir de las cuales se trabajó el caso.
Lo estafado alcanzaría a los 60 millones de bolívares. Tras tener las pruebas en mano y ser presentadas desde el Tribunal 8 de Control, el 5 de marzo se emanó una orden de aprehensión por el delito de estafa agravada continuada y asociación para delinquir, y fue la tarde del martes que funcionarios del grupo de trabajo contra la Delincuencia Organizada de Cicpc, lograron detenerlo. Se trasladaba en un Toyota Corolla Baby Camry blanco, que tenía un letrero con el escudo de la República y decía Uso Oficial.
Posteriormente se realizó un allanamiento en la carrera 24 entre calles 9 y 10, en el edificio Don Benito. Localizaron relojes, ropa de distintas marcas, artefactos chequeras, tarjetas y otros elementos que servirán de evidencias para la investigación, además que se tiene videos en donde figura como el ejecutador de dichos fraudes.
Dentro de la residencia se encontraron los papeles de una camioneta Toyota Runner blanca, de placas AE594MV, la cual es de su propiedad. Saben que se moviliza en ella, pero no se encontraba por lo cual quedará solicitada por las autoridades.
Se sentían con temor
El presunto estafador siempre mostraba tener relación con gente del alto Gobierno y es que se conoció que trataba de colarse en algunos actos para obtener las fotos con estas personas.
Las víctimas no denunciaban los casos, pues sentían temor. Creían que los cuerpos de seguridad no harían nada al respecto. Los que se atrevieron a denunciar, que no quisieron identificarse y son algunos de los que aportan dicha información, comentan que tuvieron paciencia pues desde el año 2011 se estaban manejando casos de este hombre, pero siempre los uniformados decían que no lo podían detener sin ninguna prueba que debían esperar. Desde hace cinco meses comenzó a operar con más descaro. Se le hizo un seguimiento total por parte de los efectivos del cuerpo detectivesco y lograron obtener hasta videos de la supuesta estafa.
Así mismo se conoció que los dos presuntos escoltas, quienes serían sus cómplices, están identificados plenamente.
Un altercado con comerciante
El 28 de febrero del 2012, Salin El Jebai Abau Jahjan denunció a un hombre por haberlo agredido a él y a su esposa en un sitio público. Lo acusó de golpearlos y quitarle dos cadenas de oro valoradas en aquel momento en 46 mil bolívares. El hombre fue imputado por el delito de robo agravado, lesiones personales y violencia física. Fue apresado y enviado a La Cuarta, la cárcel de San Felipe.
En medio de las versiones dadas por el imputado, quien resultó ser un comerciante, negaba todo de lo cual se le acusaba. Explicó que simplemente se le acercó al presunto estafador a reclamarle por un celular que se llevó de su tienda y pagó con un cheque sin fondos. No lo denunció porque acordaron que lo cancelaría pero nunca lo hizo y como le estaba cobrando se puso agresivo.
En esa oportunidad no fue escuchado el comerciante y Salin El Jebai Abau Jahjan siguió haciendo de las suyas.
Falta de evidencias
En Trujillo también actuaron. La Policía de ese estado recibió una llamada indicando que unos sujetos, identificados como funcionarios de un supuesto Ministerio de Seguridad Ciudadana, estaban haciendo inspecciones en las sedes de la Policía. Luego, al ingresar a una tienda, dijeron trabajar para la Misión Vivienda e hicieron un pedido de regalos para el gobernador de dicho estado.
Cuando fueron a pagar con un cheque, el dueño de la tienda llamó y preguntó si eran trabajadores del Gobierno. Le indicaron que no y de inmediato alertó a la policía y, por supuesto, no aceptó el pago por lo cual se marcharon del lugar.
Más tarde fueron a un restaurante donde se identificaron como miembros de la Dirección Nacional de Salud. Comieron, pidieron varias botellas de licor y pasaron una tarjeta de débito que no les pertenecía. También esa novedad fue notificada a la policía.
Fueron detenidos y al ciudadano árabe le incautaron 10 tarjetas (algunas de débito y otras de crédito), 12 chequeras, grandes cantidades de dinero en efectivo, 312 dólares y 40 euros, además de una gorra del Cicpc. Él se movilizaba en la camioneta Runner.
Su acompañante cargaba dos tarjetas de créditos, 19 chequeras, así como seis cédulas, dos licencias y la dama cargaba 14 tarjetas y cheques firmados con distintos montos. Circulaban en otro vehículo.
Al ser presentados en los Tribunales de Trujillo la juez que llevó el caso consideró que no había suficientes elementos para privarlos de su libertad y por ello no admitió el delito de legitimación de capitales, porque en las actas policiales solo señalaba lo incautado. En cuanto a asociación para delinquir, indicó que ellos no mostraron la actitud para cometer dichos delitos. Con respecto al delito de usurpación de funciones, alegó que los detenidos no mostraron credenciales algunas, solo lo mencionaron.
El cargo de apropiación de tarjetas inteligentes también fue desechado por la juez, quien manifestó que no pesaba ninguna denuncia por las tarjetas y que pudiese tratarse de que ellos cargaban algunas de sus familiares. El único delito del cual fue señalado Salin fue por la obtención de divisas y no ameritaba ser privado de su libertad.
Todo esto está expuesto en los documentos públicos del Tribunal Supremo de Justicia.
Se conoció de forma extraoficial que en esta ocasión los efectivos que practicaron el procedimiento en Lara se cuidaron mucho de estos detalles y tienen bien sustanciado el expediente. Se espera que el día de hoy sea presentado ante tribunales, en la Fiscalía Novena del Ministerio Público, responsable del caso.
