Las últimas cifras dadas a conocer por el sector manufacturero venezolano, en torno a la crítica situación de inventarios con que se enfrentan a los últimos tres meses del año, permite ratificar lo señalado por Fedecámaras hace un par de semanas, cuando alertaron que el problema de la escasez y el desabastecimiento se profundizará en forma dramática en el primer trimestre del 2014, ya que no hay divisas para importar materias primas e insumos para reponer inventarios y las industrias básicas prácticamente están colapsadas.
Confían los industriales venezolanos, que esta posición que han asumido de manera responsable, anunciando con la suficiente anticipación, que 53% de los industriales asegura que la producción disminuyó y 60,5% advierte que los inventarios de materia prima también se redujeron, a lo cual se suma que la mayoría de las empresas estarán de vacaciones colectivas por el asueto navideño, no se vaya a convertir en una causa para amenazar a las empresas.
Ya se ha escuchado al Presidente en ya cotidianas cadenas nacionales, advertir que aquellas empresas que no muestren la mejor disposición para acatar las últimas disposiciones oficiales de bajar los precios, o apliquen acciones de “operación morrocoy” para reducir la producción, serán expropiadas y puestas en manos del pueblo. Sin embargo, de nada vale que se adopten estas arbirtrarias medidas, afectando el derecho de propiedad, cuando las empresas no tienen con qué trabajar.
El Ejecutivo sigue manejando la tesis de la especulación y el acaparamiento, desconociendo que el propio Banco Central de Venezuela señaló para octubre un desabastecimiento del 22,4%, lo que indica que en la realidad esta variable debe estar entre 30% y 32%, de acuerdo con lo que viven las amas de casa y consumidores a la hora de adquirir los alimentos básicos.
Asimismo, persiste en señalar que los problemas con el suministro de electricidad, donde en este año se han cuantificado más de 18.558 apagones y sólo en la Gran Caracas superan las 500 fallas, son producto de “sabotaje” en el marco de la “guerra económica”, negándose a reconocer que es un problema de falta de inversiones, de comprobada ineficiencia, de acuerdo con los pronunciamientos de los especialistas, quienes también señalan una gerencia deficiente.
El sector privado ha advertido que la crisis que hoy se vive en el país es consecuencia de persistir en la aplicación de un modelo económico que ha fracasado, advirtiendo que no puede dar buenos resultados un modelo que considera que el sector privado nacional es su enemigo al cual hay que liquidar, cuando los números demuestran que el 70% del Producto Interno Bruto se origina en las actividades del sector privado, superando ampliamente la contribución del sector petrolero, ya que solamente la manufactura privada aporta el 12,8% del PIB, representando al sector más grande de la economía nacional, por encima del sector petrolero que aporta el 11,7% del PIB; el comercio aporta el 9,9% del PIB; el 80% de los trabajadores están ocupados en la empresa privada, 58% de los ingresos presupuestarios del gobierno central vienen del sector no petrolero, principalmente de las recaudaciones del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, a través de la recaudación interna del Seniat.
No hay guerra económica, hay crisis
El Ejecutivo sigue empecinado en que existe en el país una guerra económica, la cual es impulsada por las organizaciones empresariales privadas. Sin embargo la mayoría de los economistas del país han señalado que la crisis actual de Venezuela tiene su origen en el rumbo trazado desde Miraflores, la persistencia para imponer sin base constitucional un sistema socialista, basado en un esquema rentista exacerbado, aumentando la dependencia del petróleo, al tiempo que se ejecutado una política sistemática de reducción, expropiación o destrucción del aparato productivo privado, que ha alcanzado su clímax con las últimas medidas contra los comerciantes de electrodomésticos y que seguramente ahora se profundizará, una vez aprobado y puesto en vigor el Plan de Patria, el cual complementa los poderes de la Habilitante.
A pesar de las dificultades y obstáculos, las empresas privadas siguen produciendo y atendiendo con lo poco que sale de sus fábricas, la demanda nacional; mientras que las empresas en manos del Estado siguen sin producir lo necesario, la infraestructura nacional tanto en el área de vialidad y puertos, está caótica; la mayoría de los servicios públicos, en especial el de electricidad, no funcionan y ello se evidencia con los últimos apagones que han dejado sin el servicio a casi todo el país.
La escasez y desabastecimiento encarecen los precios, y la única manera de solucionar esto es aumentando la producción nacional, no persiguiendo y acorralando a los empresarios, no cerrando las puertas de las empresas, se requiere de apoyo real para quienes están produciendo, reducir a su mínima expresión la economía de puertos y eliminar los mecanismos que generan distorsiones y corrupción con Cadivi y sustituirlos por mecanismos que estimulen la inversión y generen confianza; de lo contrario continuaremos caminando en forma acelerada hacia el precipicio con un daño a la economía de incalculables consecuencias e imposible de revertir en el corto o mediano plazo.
