Ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual direcciona a los periódicos independientes hacia el Sicad 2 para la adquisición de papel, el Dr. Andrés Cañizález afirmó que “el Estado venezolano mantiene una política de discriminación con la prensa”.
El profesor Cañizález, quien es periodista e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló que “existe una paulatina o permanente situación de asfixia sobre la prensa escrita”.
Asimismo, apuntó que “el TSJ básicamente se lavó las manos para no involucrarse en el tema”, mientras enumeró países latinoamericanos en los que se han establecidos precedentes en el ámbito, entre los cuales destacó Chile y Argentina.
En dichas naciones, “el tema del papel ha quedado establecido como un bien público. El Estado tiene obligaciones para facilitar el acceso a esos insumos”, enfatizó el experto en comunicación.
“El TSJ ha validado una política del Estado. Inicialmente todas las declaraciones de los diputados oficialistas daban a entender que se trataba de una problemática circunstancial, que se debía a trámites a destiempo, desorden administrativo y no una política, pero a medida que pasan los meses (vale recordar que EL IMPULSO en septiembre del año pasado alertó sobre el tema), el Gobierno no ha colocado a este sector entre sus prioridades o convocado a subastas del Sicad I, luego se produce la sentencia del TSJ y uno entiende que es una política de Estado que busca asfixiar al sector”, subrayó Cañizález.
Desde su posición, los editores de medios “no deberían negarse ante ningún tipo de posibilidades, para buscar una solución ante cualquier vía”.
Cañizález no se opone a la decisión comunicada por David Natera, presidente del Bloque de Prensa, en la que afirmó: “el gremio no va a negociar con el Gobierno”, pero el profesor de la UCAB considera que el papel de los editores es seguir buscando soluciones, “por supuesto, sin negociar la dignidad. Se deben tocar todas las puertas posibles”.
En paralelo, alegó la necesidad de agotar los recursos, con el fin de armar un expediente que permita denunciar la situación con mayor fuerza ante los organismos internacionales. En referencia a la postura del Estado, el investigador recalcó la convocatoria que el Gobierno ha realizado a otros sectores, como a los farmaceutas, productores o a las aerolíneas.
“Independientemente de que no se ha subsanado el problema, resulta llamativo que no se ha dado una reunión por parte del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci) con los editores, cuando el Ejecutivo lo ha hecho con otros sectores”.
