Aún persiste un grave problema de escasez de materiales de construcción que acompaña la regulación de sus precios que viene implementándose desde hace varios años, declaró vía telefónica Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Lara, quien arguyó que la medida ha contribuido a la creación de un mercado negro.
“Los materiales esenciales para las obras, es decir, cemento, cabilla y malla, entre otros, han caído en mano de roscas conformadas por el gobierno nacional que no sólo han encarecido, sino también desaparecido los materiales. Esto contribuye al alza de los precios de construcción, ya que las pocas veces que se consiguen estos insumos es a un precio muy elevado. El gobierno debe entender que no sólo se construye para el Estado, sino también para el sector privado. Evidentemente muchos de los materiales han sido destinados, desde el año pasado, a la Gran Misión Vivienda, por esto las empresas constructoras privadas han sufrido el desabastecimiento de estos rubros”, explicó.
Agregó que incluso la propia Misión Vivienda se ha visto afectada por la falta de materiales, por lo cual se ha desacelerado en un 14% aproximadamente. “Esta es una cifra significativa, porque no llegan recursos y no hay proyectos. Hemos llamado al gobierno nacional y al municipal para hacer mesas de trabajo, con el fin de lograr un diálogo entre todos los actores del sector constructor para que cobre impulso”, puntualizó.
En cuanto a los precios regulados de los materiales de construcción, Mendoza recordó que en la Gaceta Oficial Nº 38.577, publicada el primero de enero de 2008, se estipula, por ejemplo, que la cabilla de 3 octavos está regulada a 2,10 bolívares el kilo. “Este precio no contempla el costo de mano de obra, los equipos y el desperdicio. Sin embargo, actualmente su precio oscila entre 7,60 y 7,80 bolívares por kilo. En el caso de la cabilla de media pulgada, no se consigue por menos de 12,54 bolívares. El precio real del bloque de concreto ronda 5.100 bolívares. Y en el caso del cemento blanco, que no es regulado, llega a 2.500 bolívares”, concluyó.
