El gobierno boliviano, después que entre en vigor una ley sobre armas, hará un llamado a la ciudadanía para la entrega voluntaria de armamento, informó el senador oficialista y presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, René Martínez.
Martínez fue entrevistado por AP el viernes, cuando la ley fue aprobada por la Cámara de Senadores y derivada a la de Diputados para su posterior promulgación.
La ley de armas y explosivos promovida por las Fuerzas Armadas y la Policía llama al desarme en un periodo de 180 días después que el presidente Evo Morales la promulgue y se establezca un organismo que las registre y otorgue licencias legales.
“Lo que buscamos, antes de sancionar a las personas que tengan armas ilegales en su casas, es que puedan entregarlas voluntariamente, ya que la ley de armas va a castigar a las personas que no tengan una licencia”, dijo el senador Martínez.
El desarme será mediante un plan que elaborará el Ministerio de Gobierno de “que preverá mecanismos de incentivo a las personas que se acojan voluntariamente”, según un artículo de la ley.
Martínez explicó que no será un incentivo económico sino que no se presentarán cargos a las personas que tengan armas.
El desarme voluntario será dirigido a personas que no puedan conseguir una autorización para portar un arma legalmente. Se otorgarán licencias de porte de armas para el tiro deportivo, defensa personal bien justificada y otorgada por un juez, las delegaciones diplomáticas internacionales, y los servicios de seguridad que justifiquen.
El permiso a civiles solo contempla el uso de revólver y pistolas, y no así armas de grueso calibre.
En tanto, que las armas de uso militar y policial será el Comité Nacional Contra el Tráfico de Armas de Fuego Ilícitas, CINCTAFI, elaborará los planes de desarme activo en un plazo de 30 días concluido el desarme voluntario.
“No puede haber una ley de armas sin un desarme voluntario, porque tenemos que darnos tiempo para que la gente voluntariamente entregue las armas y si no lo hace ya se deriva a la justicia y se penaliza con la cárcel”, dijo el senador opositor y ex militar Marcelo Antezana a la AP.
Los ministerios de Defensa y de Gobierno, a través de la creación del Comité de Coordinación del Estado, podrán subordinar a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para el registro y destrucción de las armas.
La ley tipifica 14 delitos entorno a esta actividad y castiga con 10 a 15 años de cárcel para las personas que de manera ilegal realicen actividades de importación, exportación, comercialización, transferencia, transporte, almacén de armas de fuego, municiones.
También prohíbe la tenencia y uso de armas, municiones y explosivos en reuniones, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales y mítines.
“Buscamos que se luche contra el tráfico de armas, pero también se coadyuvante a la seguridad ciudadana en la medida que hay cada vez más índices de criminalidad”, explicó Martínez.
De acuerdo al informe de la Comisión presidida por Martínez, en 2011 se produjeron 125 delitos en los que se utilizó armas de fuego. De cada 10 pandilleros, 8 portan armas y cometen delitos como robo agravado, atracos, acogotamientos y violaciones.
