El Tribunal Supremo de Justicia hizo oficial la jubilación anticipada de 13 magistrados de sus distintas salas, quienes en bloque renunciaron a la posibilidad de continuar ejerciendo sus cargos hasta 2016, cuando debían abandonar la magistratura.
A la ex magistrada Blanca Rosa Mármol, jubilada de la Sala Penal en 2012, no le queda la menor duda de que se trata de una maniobra política.
«Indudablemente llegaron a un acuerdo con el régimen, porque la única explicación posible es que si ellos renunciaban las designaciones de nuevos magistrados que debía realizar la nueva Asamblea Nacional el próximo año, ahora podrá hacerlo este Parlamento con mayoría oficialista», afirmó. Aunque el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional viene trabajando en esto desde hace semanas, fue este miércoles cuando la Sala Plena decidió en sesión ordinaria que ha sido «acordado» el pase a retiro de los 13 jueces que así «lo solicitaron».
Este grupo entró a formar parte del TSJ en diciembre de 2004, en un proceso histórico en el que la Asamblea Nacional designó a 49 magistrados, contando a 12 nuevos, 5 vacantes y los 32 suplentes. De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el período de servicio es de 12 años.
Reincidencia
A la jurista hoy retirada no le son ajenos este tipo de hechos irregulares relacionados con las jubilaciones de magistrados. Recordó que ella misma fue objeto de una de esas «manipulaciones» cuyo objetivo ha sido, asegura, consolidar el control del «régimen» sobre el Poder Judicial.
«Yo termine mi período de 12 años en diciembre de 2012, pero según lo establece la Constitución debía permanecer en mi cargo hasta que la Asamblea Nacional nombrara a mi sustituto. Sin embargo, la Sala Constitucional emitió una sentencia convocando a mi suplente, con lo cual determinó que yo tenía que irme», señaló Mármol de León.
«Posteriormente, cuando le correspondió decidir el destino del Consejo Nacional Electoral, cuyos rectores tenían sus períodos vencidos, la Sala Constitucional contradijo su propio criterio al ordenar que estos permanecieran en sus cargos hasta tanto la AN designara nuevos rectores, lo que ocurrió en diciembre 2014», agregó.
Según la Sala Plena, serán renovadas para otros 12 años las plazas que hoy llenan Francisco Carrasquero, Luisa Estella Morales y Marcos Tulio Dugarte, de la Sala Constitucional. También, Luis Ortiz Hernández, Yris Armenia Peña Espinoza e Isbelia Pérez Velásquez, de la Sala de Casación Civil; y Juan José Núñez Calderón y Fernando Ramón Vegas Torrealba, de la Sala Electoral.
Igualmente, dejarán el camino abierto para nuevos magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Margarita Marrero Ortíz, de la Sala Político Administrativa; Deyanira Nieves Bastidas y Héctor Coronado Flores, de la Sala de Casación Penal, y Carmen Elvigia Porras de Roa, de la Sala de Casación Social.
Control político
«Ante la inminencia de la pérdida de la Asamblea Nacional, ellos quieren mantener el control sobre los demás poderes, como en efecto ya se aseguraron el CNE, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Con esto se terminarían de asegurar el Tribunal Supremo para compensar la pérdida de la Asamblea», opinó la ex magistrada al ser consultada.Según esta perspectiva, existen fundamentos para justificar la estrategia, porque efectivamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tendría facultades para neutralizar algunas decisiones que se tomen en Parlamento.
«Siempre van a tener allí a la Sala Constitucional para distorsionar la interpretación de la Carta Magna. Esta instancia puede declarar «inconstitucional» actuaciones de la AN, por eso es que al final no nos quedará otro camino que convocar una Constituyente», concluyó Blanca Rosa Mármol.
