La dificultad para la adquisición de papel periódico, se traduce en falta de voluntad política, que coloca a quienes dirigen estas empresas en una posición de resistencia y de utilizar mecanismos para denunciar tal situación.
Así lo manifestó el diputado Biagio Pilieri, integrante de la Comisión Permanente de Medios de la AN, quien además describió otras razones que impiden resolver este tema comunicacional, tales como la incomodidad que representan ciertos medios para el Gobierno por presentar una línea editorial crítica y una gerencia ineficiente que ha generado la falta de divisas.
El parlamentario, quien el pasado martes consignó un escrito para solicitar la comparecencia de Hugo Cabezas presidente de la Corporación Maneiro, (único órgano que compra papel fuera del país para ser vendido a los medios) ante el seno de la Asamblea, espera que sean aclarados diversos puntos: ¿Cómo adquieren el papel y a qué precio?, ¿a qué precio lo venden y a quién? y basado en cuáles lapsos?
“Alcabalas”
Otra importante pregunta a ser respondida durante la interpelación, tiene que ver con las razones para hacerle llegar papel a algunos medios y a otros no. “Colocan a los privados demasiadas alcabálas y a otros se los hacen llegar a tiempo”.
Mencionó la Asamblea Nacional tiene el importante rol de intermediar entre los afectados y el Gobierno.
La Comisión de Medios está integrada por 11 parlamentarios, de los cuales siete pertenecen a las filas del oficialismo y cuatro a la Unidad.
“Los diputados de la unidad denunciamos primero esta situación, hasta que tuvieron que aceptar que sí había problemas. Ellos han negado nuestras propuestas, pero seguiremos denunciando y haciendo seguimiento”, insistió.
Acerca de las denuncias realizadas anteriormente por diputados oficialistas sobre supuesta reventa de papel en el interior del país, dijo: “No hubo pruebas, esto lo hicieron para tratar de desviar la atención hacia los responsables”.
Recordó que actualmente se pone de relieve el incumplimiento de los artículos 57 y 58 de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Venezuela en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que obliga al Gobierno a respetar el derecho a la información.
