La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ofreció este martes el balance de los hechos de violencia ocurridos desde el pasado miércoles 12 febrero a junio 2014, los cuales dejaron un total de 43 personas fallecidas y 878 lesionados.
Así lo dio a conocer durante una rueda de prensa en la sede principal del Ministerio Público, donde precisó que de los 43 fallecidos, 33 son personas civiles y 10 eran funcionarios de distintos organismos de seguridad del Estado.
Igualmente, indicó que de los 878 lesionados, 600 son civiles y 278 son efectivos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana.
Puntualizó que a un año de esta ola violencia que empezó con el ataque al Ministerio Público, fueron aprehendidas un total de 3 mil 351 personas, de las cuales a mil 436 se les solicitó sobreseimiento, mil 402 fueron acusadas, seis tienen archivos fiscales y 507 siguen en proceso de investigación.
La Fiscal General informó que un total de 41 personas tienen medidas privativas de libertad, de las cuales 27 son civiles y 14 son funcionarios de seguridad.
Ortega Díaz reconoció el trabajo que han realizado los fiscales de la institución, quienes desplegaron un gran operativo para garantizar el respeto a los derechos humanos durante estos ataques violentos ocurridos en el país desde el 12 de febrero hasta el 30 de junio del año pasado.
Respecto a la muerte de Bassil Da Costa, hizo referencia que por este hecho hay ocho funcionarios acusados, pero destacó el caso del comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, José Perdomo, quien fue acusado por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de autor, asociación para delinquir, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales, y señaló que actualmente se encuentra privado de libertad.
Respecto a los demás funcionarios, acotó que poseen medidas cautelares sustitutivas de libertad de presentación periódica cada ocho días.
En el caso de José Márquez, quien perdió la vida en las adyacencias de la avenida Urdaneta, fue comisionado recientemente un fiscal adscrito a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, y actualmente existen dos órdenes de captura.
También hizo referencia a la muerte de la joven Geraldin Moreno, e informó que por este hecho fueron acusados los sargentos de la GNB, Albin Bonilla y Francisco Caridad Barroso. Bonilla fue acusado por ser autor material en el delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles; mientras que Barroso fue acusado por ese mismo delito pero en grado de complicidad.
Adicionalmente, ambos sargentos fueron acusados por los delitos de uso indebido de arma orgánica, trato cruel y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.
De igual forma, Ortega Díaz informó que se libró una orden de aprehensión y alerta roja ante la Interpol contra Yonny Bolívar, presunto homicida de la joven Adriana Urquiola.
Finalmente, la Fiscal General precisó que el Ministerio Público solicitó la revisión de la medida judicial que tiene el abogado Marcelo Crovatto, quien actualmente está recluido en el Internado Judicial de Yare, por una menos gravosa que le permitiría su juzgamiento en libertad.
