Manifestantes muertos por disparos de policías o grupos progubernamentales, torturas y vejaciones sexuales, detenciones arbitrarias, represalias por denunciar abusos: la ONG Amnistía Internacional denuncia «impunidad» en Venezuela un año después de las protestas en que murieron 43 personas.
«La inmensa mayoría de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son investigadas y sancionadas», asegura la ONG en un informe presentado este martes en Madrid: «Venezuela, los rostros de la impunidad». «A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia», agrega.
«Esta situación ha llevado a que se abra la puerta a más abusos y episodios de violencia e impunidad», subrayó en rueda de prensa Estaban Beltrán, director de AI en España, señalando el «uso excesivo de la fuerza» en las recientes protestas en Táchira y Mérida, donde murió el adolescente Kluiverth Roa, de 14 años, y cinco manifestantes resultaron heridos.
También «la reciente detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en circunstancias que parecen sugerir que habría una motivación política», agregó la experta en derechos humanos Nuria García, autora de la investigación.
A lo largo de sus 47 páginas, el informe recoge 21 testimonios sobrecogedores de abusos cometidos en las protestas de febrero a julio de 2014.
«Nos pusieron en posición fetal, arrodillados y nos golpearon, nos golpearon, nos golpearon. Salió un guardia y dijo que ni porque rezáramos al maldito Dios nos iba a salvar, que ese era nuestro último día. A mí me bajaron los bóxers y me metieron algo por atrás», relata Juan Manuel Carrasco, de 21 años, detenido el 13 de febrero en Valencia, en el norte.
En algunos casos, «las fuerzas de seguridad torturaron a los detenidos con roce de corriente eléctrica en el cuerpo, asfixia con bolsa plástica en la cabeza y quemaduras con objetos punzantes», asegura el informe, realizado tras meses de entrevistas con más de 100 víctimas, abogados, defensores de los derechos humanos y testigos.
Las protestas habían estallado el 4 de febrero de 2014 en San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, por falta de seguridad entre estudiantes universitarios. Después derivaron en masivas movilizaciones callejeras en todo el país contra la situación económica y la escasez, a las que se opusieron contramanifestaciones a favor del gobierno de Nicolás Maduro.
Los enfrentamientos y la represión se saldaron con 43 muertos y 878 heridos, según cifras oficiales.
Acallar voces críticas
«Éste que está aquí sale a marchar mañana sin miedo», había escrito Bassil Alejandro Dacosta Frías, un carpintero de 23 años, el 11 de febrero. Un día después moría de un tiro en la cabeza, disparado al término de una manifestación en Caracas por agentes de la inteligencia nacional, según un testigo.
Otros, como Guillermo Sánchez, un albañil de 42 años, lo hicieron a manos de civiles progubernamentales: «Después le montaron en una moto y se lo tiraron a los policías del estado que estaban destacados cerca de las protestas, diciendo: ‘ahí les traemos otro y esperen más'», relata su esposa Ghina Rodríguez.
«La esposa de Guillermo Sánchez tuvo que refugiarse en México recientemente, hace un mes, ante las amenazas de que fue víctima por exigir justicia» mientras «los perpetradores de esta muerte siguen en la impunidad», subrayó García.
Amnistía Internacional afirma haber recibido también «evidencias de material antidisturbios presuntamente alterado insertando cartuchos con municiones como bolas de vidrio conocidas como metras, clavos, velas o vidrios rotos con el objetivo aparente de causar el mayor daño posible».
El informe denuncia asimismo detenciones arbitrarias como la de Marcelo Crovato, colaborador de la organización Foro Penal Venezolano, detenido el 22 de abril, «cuando acudió a prestar sus servicios como abogado a la residencia de unos clientes» en Caracas.
Y las de líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledezma.
«Son políticos presos por ejercer la política», había afirmado el exjefe de gobierno español Felipe González, en declaraciones a la radio privada española Cadena Ser, un día después de anunciar que tomará la defensa letrada de ambos.
La detención de los líderes opositores debía ser debatida este martes en el Congreso de los Diputados en Madrid, por iniciativa del conservador Partido Popular (PP, derecha).
«Las autoridades continúan intentando acallar las voces críticas», concluye Amnistía Internacional.
