60 personas han cancelado multas por incumplir decreto 684

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Mariely Sánchez, prefecta de Iribarren, presentó un balance de sus primeros tres meses de gestión.

Destaca que 60 personas han cancelado multas de entre 10 a 100 unidades tributarias por incumplimiento del decreto 684.

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“La mayoría de ellos son quienes expenden licores después de las nueve de la noche y eso está prohibido. Estas personas son reincidentes, pues a 10.000 les hemos dado charlas de orientación para que no hagan lo mismo de nuevo, incluso han hecho servicio comunitario aquí mismo en la sede”, dijo la prefecta.

Más de mil personas han atendido en este período de tiempo, a quienes les han dado constancias y permisos. “No dejamos de lado los despejes de espacios públicos y avenidas”.

Resaltó que 30 establecimientos han cerrado de manera temporal también por no cumplir debidamente con las leyes.

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Indicó que durante los fines de semana realizan recorridos por diferentes locales nocturnos, plazas y sitios públicos, pues no pueden estar consumiendo en dichos lugares. “Hace poco conseguimos a algunas personas con unas cajas de cerveza en el carro y los orientamos”.

Sánchez también comentó que hacen operativos diurnos y en las noches junto al Semat, Bomberos de Iribarren y otros organismos a fin de confirmar si los permisos están vigentes. Por ejemplo, el de manipulación de alimentos e higiene.

Dijo que estará a la cabeza de las visitas a estos lugares, de lo contrario el único autorizado será el consultor jurídico de la institución.

“El próximo jueves sostendremos una reunión con la Cámara de Licoreros de la entidad en el Club Canario para que se pongan al día, además les presentaré a mi nuevo grupo de funcionarios de Polilara, que en total son 19, entre ellos cuatro féminas para que sepan quiénes son los que van a visitarlos porque hemos recibido varias denuncias y de esta manera evitamos”, aseguró.

Profilaxia sexual

“Tenemos casi tres mil trabajadoras sexuales en nuestros registros pero la mitad de ellas son quienes vienen de otros estados del país a laborar y nosotros las obligamos a que se inscriban en nuestros sistemas”, informó la prefecta.

A las otras 1.500 que son larenses les llevan un seguimiento junto a la Dirección de Salud. “Las llamamos, les damos charlas… queremos evitar enfermedades, por eso somos preventivos no represivos”.

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