La Corte Penal Internacional (CPI) tiene documentados miles de casos de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas en Venezuela desde el año 2017, recogidos en informes de la propia institución, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y el Panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual acaba de solicitar, lo más pronto posible, la actuación del máximo tribunal de justicia en el mundo.
Al fiscal Karim Khan le falta dar el paso de presentar casos emblemáticos que responsabilizan a la cadena de mando, manifestó el sociólogo Nelson Fréitez, vocero de la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara), al referirse al último evento del Panel de expertos de la OEA, en Washington, donde estuvieron presentes víctimas de torturas y familiares de fallecidos en manos de funcionarios de los organismos de seguridad del gobierno venezolano.
En la ocasión se dio a conocer que el 70% de ejecuciones extrajudiciales y el 83% de 1.500 casos documentados de torturas, la justicia de Venezuela no procesó a ningún responsable. Ese Panel, dijo el profesor de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, oyó los testimonios de personas que han sufrido, en carne propia, la magnitud e intensidad de las torturas por parte de los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, específicamente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim).
El mencionado evento realizado por la OEA constituye una fuente de gran valor para las investigaciones que viene realizando la oficina del Fiscal Karim Khan sobre los crímenes de lesa humanidad. Las torturas y fallecimientos causados sobre todo por el holocausto nazi, recibieron después de la segunda guerra mundial altísima sensibilidad y repudio; pero, lamentablemente, siguen ocurriendo en los sótanos de El Helicoide, donde ya se han hecho costumbre los casos de personas torturadas y de ese lugar son trasladas a la cárcel Rodeo, donde también se efectúan esos crímenes criminales, según denuncia de familiares.
Una de las mayores preocupaciones de la Corte son precisamente las torturas y el Panel de la OEA fue de gran valor porque pudo reunir a un gran número de ex presos, quienes pudieron expresar claramente todo lo que sufrieron una vez que fueron detenidos y llevados a los diferentes lugares de encarcelamiento que existen en nuestro país.
Es de recordar que en 2021, la Fiscalía de la Corte anunció su decisión de iniciar una investigación formal a Venezuela por delitos de lesa humanidad y firmó con el Estado venezolano un memorando de entendimiento basado en el principio de complementariedad positiva. En el 2023, el gobierno apeló la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual autorizó al Fiscal Khan a reanudar la investigación. Ese año también el mencionado funcionario en su tercera visita a Caracas logró firmar el acuerdo de cooperación y trabajo conjunto para hacer posible la instalación de una oficina técnica de la Corte en la capital de la república.
El pasado mes de abril, Khan se volvió a reunir con Maduro, después que, a comienzos de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte desestimó por unanimidad la apelación del Estado venezolano contra la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizaba continuar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Conviene decir que hay distintas fuentes de información, además de la propia Corte Penal Internacional, que utiliza el Fiscal Khan y una de ellas es la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que presenta dos informes al año con base a las entrevistas que hace a familiares y víctimas directas.
Es por ello que el Fiscal de la Corte ha ido sistematizando un conjunto de informaciones que han documentado los crímenes de lesa humanidad y la institución ha establecido que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Y estamos las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, así como víctimas y familiares, esperanzados que el Fiscal dé el paso de presentar casos emblemáticos en los cuales tenga responsabilidad la cadena de mando, para así hacer justicia. Porque, mediante la sustanciación de los casos por parte de la Corte, se acuse a quienes autorizaron las torturas a las personas que aparecen como víctimas y a quienes fallecieron a consecuencia de esas prácticas criminales.
